El Intergrupo sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva ha conocido los datos y conclusiones del Atlas Europeo de la Anticoncepción en una sesión que ha contado con la participación de la doctora Isabel Serrano. 

La ginecóloga y experta en salud y derechos sexuales y reproductivos Isabel Serrano se ha reunido con las y los integrantes del Intergrupo, en el Congreso de los Diputados, para compartir el análisis realizado sobre la anticoncepción en Europa por el Foro Parlamentario Europeo sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos. Como siempre, se ha contado con el apoyo técnico de SEDRA-FPFE.

Este Atlas Europeo de la Anticoncepción 2022 recoge los resultados del análisis de las políticas y la financiación de 46 países europeos en este ámbito y pone nota al desempeño de los Estados en la provisión de asesoramiento sobre; anticoncepción, información pública online, acceso a los anticonceptivos más confiables según la OMS, y acceso de las personas jóvenes a la anticoncepción entre otros aspectos.

Como el año anterior, Francia, Bélgica y Reino Unido son los países con una mejor atención al acceso informado y libre a la anticoncepción, mientras que Polonia vuelve a ser el país con las peores políticas en este ámbito.

Además, el atlas señala como uno de los hallazgos más resaltables la brecha entre los países del Este y los del Oeste de Europa, con varios países orientales en la parte inferior de la tabla. Otro de los resultados que se desprende del análisis, y que ya se ha visto en diversos estudios europeos, es que los países con un peor acceso a la anticoncepción son a la vez los países con un mayor descenso de su natalidad.

España se sitúa entre los países con un buen acceso a la anticoncepción, pero en cuanto a ofrecer información oficial sobre anticoncepción en internet el Atlas la sitúa entre los países que necesitan mejorar. Además, también señala que nuestro sistema sanitario público no financia los anticonceptivos reversibles de larga duración. Se destaca, al contrario que otros países europeos, la ausencia de financiación específica de los anticonceptivos para las personas más jóvenes (hasta los 15 o los 19 años).