El texto propuesto debe negociarse durante este semestre con el Consejo de la Unión Europea, en el que se mantienen distintas posiciones respecto a la directiva.

La Directiva europea sobre violencia contra las mujeres constituirá el primer instrumento normativo de ámbito europeo en esta materia. Comenzó a desarrollarse en 2022 a través de un proceso de tramitación que implica una negociación entre tres órganos: la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, donde están representados los Estados miembros.

El pasado 28 de junio, dos comisiones del Parlamento Europeo, la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y la de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, aprobaron una propuesta de Directiva que adopta una definición de la violación basada en la ausencia de consentimiento y no en el uso de la fuerza, en línea con lo establecido en el Convenio de Estambul y en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del ‘solo sí es sí’.

Además de la violación el texto contempla también como delitos de violencia de género la esterilización forzada, la mutilación genital femenina e intersex, el matrimonio forzoso, el acoso sexual laboral y diversas formas de violencia y acoso en línea, entre ellas la publicación de imágenes íntimas sin consentimiento. Sin embargo, quedan fuera de esta lista por ahora la denegación del aborto y el proxenetismo.

El texto establece también un marco común europeo de penas mínimas para cada delito. El delito de violación debe sancionarse con una pena máxima de al menos 8 años de prisión y de al menos 10 años si concurren circunstancias agravantes como que la víctima sea menor, esté embarazada, sea solicitante de asilo, jubilada o víctima de tráfico de seres humanos, entre otras. También establece que el plazo de prescripción de estos delitos deberá ser, al menos, de 20 años desde la comisión de los hechos.

Tras su aprobación en las comisiones, la propuesta de Directiva deberá someterse a votación en el Pleno del Parlamento Europeo durante el mes de julio. Después deberá negociarse durante este semestre con el Consejo de la UE, es decir, con los Estados miembros, que mantienen distintas posiciones al respecto. La Presidencia española de la UE representa, en este sentido, una excelente oportunidad para dar un impulso decisivo a este proceso y promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y reproductivos.