La migración del personal de salud es un fenómeno de carácter multifactorial que, entre otros efectos como la satisfacción de expectativas de desarrollo personal o profesional -incluso en los países emisores cuando hay recirculación o se mantienen alianzas profesionales-, está repercutiendo en la capacidad de muchos países de contar con suficientes recursos humanos para atender la salud de sus poblaciones.

Pero migrar es un derecho fundamental que debe ser protegido, por lo que las soluciones no pueden pasar por frenar o poner trabas a este derecho sino que tienen que incidir en sus causas y sobre todo en sus efectos negativos. España, que en los últimos años se ha situado como país receptor de migraciones –y simultáneamente cada vez más como emisor-, tiene la responsabilidad de desarrollar políticas sobre este asunto.