El informe, que recoge datos actualizados de América Latina y el Caribe, muestras las consecuencias socioeconómicas de estos embarazos y llama a la acción

En el marco de las actividades informativas facilitadas por SEDRA-FPFE a los intergrupos parlamentarios sobre población, desarrollo y salud reproductiva, se ha presentado online el informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ‘El precio de la desigualdad: consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe’.

Este informe ha sido elaborado por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNFPA, y presenta los resultados de estudios realizados en 15 países en los últimos años: Argentina (2020), Bolivia (2022), Colombia (2020), Costa Rica (2024), Ecuador (actualización al 2024), El Salvador (2024), Guatemala (2020), Guyana (2021), Honduras (2021), México (2020), Panamá (actualización al 2023), Paraguay (2019), Perú (2020), República Dominicana (2021) y Surinam (2022).

Susana Sottoli, Directora Regional para América Latina y el Caribe del organismo mundial, ha sido la encargada de presentar este informe que se centra en la que la representante ha denominado una crisis silenciosa: la que se deriva de que cada 20 segundos una adolescente se convierte en madre en esa región del mundo. Una realidad paradójica, porque, como muestra el informe, “entre 2010 y 2024 ha habido una notable disminución en la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente (TEFA), tanto en el grupo de 15 – 19 años, como de 10 – 14 años, pasando de 73,1 a 50,6 y de 3,6 a 2,3, respectivamente. Sin embargo, la región continúa teniendo la segunda TEFA más alta del mundo”, sólo por detrás de África subsahariana. Estos datos indican que si bien hay una disminución de los embarazos adolescentes, esta convive con la desigualdad.

Más allá de las leyes, la aplicación y monitorización de programas con presupuesto

Para Sottoli, “el embarazo adolescente es un espejo de la desigualdad existente”, puesto que afecta desproporcionadamente a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad por motivos de etnia, ingresos, lugar de residencia, etc. Por poner sólo un ejemplo, las adolescentes afrodescendientes tienen un 50% más de posibilidades de ser madres que otras adolescentes. Los datos recogidos en todos los países analizados ponen en evidencia que el embarazo entre adolescentes tiene mucha mayor prevalencia en contextos de discriminación y exclusión, y que a su vez contribuye a perpetuar el ciclo de reproducción de la pobreza. 

Los resultados de los estudios que se incluyen en El precio de la desigualdad muestran que invertir en la prevención de los embarazos en adolescentes merece la pena. Países como Argentina, Chile o Uruguay han tenido una disminución significativa de estos embarazos en pocos años, y en cada vez más países de América Latina y el Caribe se han puesto en marcha leyes y programas de prevención del embarazo adolescentes. Sin embargo, los resultados no han logrado llegar hasta donde se esperaría. La directora de UNFPA en la región ha explicado en el conversatorio con las y los integrantes de los intergrupos que el informe resalta dos motivos para ello: las leyes no necesariamente tienen su plasmación en programas que cuenten con asignación presupuestaria, y las políticas y programas no siempre dan prioridad a las poblaciones más vulnerables. Hay, por tanto, una deficiencia en el uso de la evidencia para poner el foco allí donde las acciones e inversiones son efectivas, y para que este foco responda a tres cuestiones centrales: en qué invertir, con qué resultados y cómo se monitorean esos resultados.

En la sesión se ha hecho énfasis en cinco aceleradores de la prevención de embarazos en adolescentes que los resultados de los estudios indican que podrían producir una disminución en los embarazos adolescentes de hasta un 30% en cinco años, y que de hecho se están aplicando en diversos países de América Latina y el Caribe con la colaboración de UNFPA: 

• La prevención de la violencia sufrida por niñas y adolescentes
• La prohibición de los matrimonios precoces y los matrimonios forzados
• El mantenimiento de la escolarización de todas las niñas y adolescentes, sean o no sean madres
• La promoción e impulso de los proyectos de vida de las adolescentes que son madres, de manera que ello no les empuje a la pobreza
• Las garantías para el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva

En el coloquio que ha seguido a la presentación del informe, las y los participantes han coincidido en la necesidad de que estos procesos sean apoyados desde la cooperación internacional para el desarrollo y desde la acción parlamentaria. Respecto a esta última, Susana Sottoli ha agradecido el interés y ha recordado la importancia de difundir y defender, «siendo voceros», los programas destinados a la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes.