La migración del personal de salud es un fenómeno de carácter multifactorial que, entre otros efectos como la satisfacción de expectativas de desarrollo personal o profesional -incluso en los países emisores cuando hay recirculación o se mantienen alianzas profesionales-, está repercutiendo en la capacidad de muchos países de contar con suficientes recursos humanos para atender la salud de sus poblaciones.

Pero migrar es un derecho fundamental que debe ser protegido, por lo que las soluciones no pueden pasar por frenar o poner trabas a este derecho sino que tienen que incidir en sus causas y sobre todo en sus efectos negativos. España, que en los últimos años se ha situado como país receptor de migraciones –y simultáneamente cada vez más como emisor-, tiene la responsabilidad de desarrollar políticas sobre este asunto.

La falta de innovación farmacéutica para enfermedades de gran impacto sobre la salud global, y la falta de acceso a fármacos que existen pero que son inasequibles para la población de países empobrecidos, comparten un factor que no es único pero sí central: el sistema de estímulo y protección de la innovación. Una mejor gestión del mismo y cambios normativos -e inclusive de modelo- se discuten en diversos foros internacionales y son objeto de atención por parte de la Unión Europea (UE) y España.

Cuando quedan sólo tres años para alcanzar la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la salud constituye uno de los grandes retos pendientes de la comunidad internacional. El incremento sin precedentes de los recursos destinados a este sector ha venido acompañado de una proliferación de actores públicos y privados cuyas acciones no siempre bien coordinadas, han generando grandes avances pero también duplicidades, inequidades, fragmentación de la atención sanitaria o sobrecarga para los gobiernos del Sur. Bajo el liderazgo de la OMS, es imprescindible garantizar una gobernabilidad adecuada del sistema que permita optimizar los
recursos disponibles, mejorar la complementariedad entre actores y crear círculos virtuosos entre los sistemas nacionales de salud y las iniciativas promovidas por donantes internacionales. Tarea aun más urgente si, en un nuevo contexto de constricción presupuestaria, los fondos disponibles están siendo mermados.

Los parlamentarios y parlamentarias del Congreso de los diputados, miembros del intergrupo sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva junto con parlamentarios y parlamentarias del Parlamento de Catauña firman esta declaración en ocasión de la 44ª Reunión de la Comisión sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas. La reunión enfocada a la temática de población, desarrollo y fertilidad aborda un debate más amplio sobre cómo garantizar la plena aplicación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (ICPD, prorrogado más allá de 2014, fecha prevista para el cumplimiento de los objetivos establecidos.