El intergrupo se ha reunido con la defensora de derechos sexuales y reproductivos Regina Fonseca, que ha estado en Europa para explicar la gravísima situación de los derechos humanos en Honduras e impulsar acciones que contribuyan a que la reforma del código penal que se debate en ese país no suponga la criminalización de los movimientos sociales y los derechos de la mujer, tal y como pretende el proyecto presentado en el parlamento.

Precisamente mientras Regina Fonseca se encuentra en nuestro país, el parlamento de Honduras ha decidido que su nuevo código penal seguirá incluyendo la pena de cárcel para las mujeres que aborten. El Centro de Derechos de Mujeres que Fonseca representa, junto con numerosas organizaciones, formaciones políticas y organismos internacionales, piden que se despenalice el aborto en tres supuestos: cuando hay peligro para la salud de la mujer, en el caso de violación o incesto, y ante malformaciones del feto incompatibles con la vida.

La ONU ha emitido un comunicado en el que advierte que la penalización del aborto no hace disminuir las tasas de interrupción voluntaria del embarazo, sino que hace que aumenten los abortos clandestinos y peligrosos.

Regina Fonseca, junto con Calala Fondo Mujeres, Asociadas por lo Justo, Front Line Defenders y Brigadas Internacionales de Paz, las organizaciones que la acompañan en nuestro país, han mostrado su preocupación durante la reunión con integrantes del intergrupo y de la Comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados por este proyecto de código penal que incluye también nuevos delitos que suponen la criminalización de los movimientos sociales críticos con el gobierno y que violarían los estándares internacionales de derechos humanos.

Las y los parlamentarios se han comprometido a impulsar iniciativasque contribuyan a que se cumpla con las recomendaciones de la ONU y la OMS y se despenalice el aborto tal y como demandan las organizaciones y entidades que defienden los derechos humanos en Honduras.