La 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo se celebrará en Sevilla a partir del 30 de junio. Las y los parlamentarios están llamados a impulsar la financiación pública y multilateral de la salud sexual y reproductiva.

La IV Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo, a celebrarse en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio, brinda una valiosa oportunidad para replantear cómo se movilizan y asignan los recursos financieros mundiales con criterios de equidad, sostenibilidad y justicia social. En este contexto, desde diversas instancias sociales se llama a reconocer el importante papel que cumplen la igualdad de género y la salud sexual y reproductiva (SSR), como pilares fundamentales del desarrollo humano y de los derechos, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y garantizar sociedades más justas, inclusivas y saludables.

Una agenda feminista para la financiación mundial

A 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing y de su Plataforma de Acción (Beijing, 1995) y de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), los compromisos internacionales siguen vigentes pero Naciones Unidas advierte de que persisten brechas significativas. Millones de mujeres, adolescentes y personas con identidades de género diversas se enfrentan a obstáculos estructurales para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Por ello, tanto desde la sociedad civil como desde diversos organismos mundiales se recuerda que una financiación al desarrollo verdaderamente transformadora debe adoptar un enfoque feminista, que haga visibles las desigualdades de género y movilice recursos para combatirlas de forma estructural desde una obligación ética y como estrategia eficaz para alcanzar la justicia social y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La financiación para el desarrollo desde una perspectiva de género implica no solo destinar recursos a programas específicos para mujeres, sino también transformar la arquitectura financiera global para asegurar la representación y el liderazgo femenino en la toma de decisiones y reorientar los flujos financieros hacia políticas públicas y programas que promuevan la autonomía corporal, la salud integral y la justicia de género. Para las organizaciones sociales internacionales y nacionales implicadas en este proceso, esto implicaría, entre otros, los siguientes aspectos:

• Reformas en instituciones financieras internacionales para garantizar equidad y eficiencia.
• Análisis de impacto de políticas fiscales y de desarrollo sobre la igualdad de género.
• Ampliación del acceso de las mujeres a servicios financieros y cierre de la brecha digital de género.
• Inversión en empresas, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil lideradas por mujeres.
• Profesionalización del trabajo de cuidados y provisión de servicios públicos para proporcionarlos y facilitar la conciliación.

Salud sexual y reproductiva: Clave para el desarrollo sostenible

La salud y los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos fundamentales y elementos esenciales para el desarrollo sostenible. Desde la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) de El Cairo en 1994, se ha avanzado en la reducción de la mortalidad materna e infantil, la educación sexual integral, el acceso a la anticoncepción y la atención sanitaria materna, así como en la lucha contra prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Garantizar el acceso universal a servicios de SSR no es solo una cuestión de derechos humanos; es una inversión estratégica en salud, educación, productividad y cohesión social. Cuando las mujeres pueden decidir libremente sobre su maternidad, acceder a anticonceptivos, a atención obstétrica de calidad, a educación sexual integral y a servicios de aborto seguro donde sea legal, se generan impactos positivos en toda la sociedad.

Sin embargo, los datos siguen siendo alarmantes:

• Unos 250 millones de mujeres en el mundo tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos modernos, de acuerdo con UNFPA.
• Las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto siguen estando entre las principales causas de muerte entre adolescentes en países de ingresos bajos y medios.
• La financiación sigue siendo insuficiente y, en ocasiones, politizada o transferida de programas existentes en lugar de representar recursos adicionales y la falta de financiación para la SSR es aún más grave en contextos de crisis humanitarias y conflictos.
• Persisten brechas en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, especialmente para adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad y comunidades marginadas.
• No hay suficiente garantía de la participación de la sociedad civil y de los grupos más afectados en el diseño e implementación de las políticas y mecanismos de financiación.

Lo que está en juego en Sevilla

La IV Conferencia en Sevilla debe ser, para las plataformas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con este ámbito en España, un punto de inflexión para comprometerse con una financiación pública y multilateral que:

• Integre el enfoque de género de forma transversal en todos los instrumentos de cooperación y presupuestos, estableciendo compromisos financieros específicos para impulsar una cooperación verdaderamente feminista y transformadora, asignando al menos el 20% de la AOD, en todas sus modalidades y de forma global, a la promoción de la igualdad de género desde una perspectiva interseccional.
• Impulse la inversión en SDSR como estrategia para reducir la pobreza, mejorar la salud y la calidad de vida, y avanzar en la igualdad de género. En este sentido, debe asignarse al menos el 15% de los presupuestos nacionales de desarrollo y de la ayuda oficial al desarrollo a la implementación de programas de SDSR, incluyendo acceso a la anticoncepción y servicios de salud sexual y reproductiva adaptados a jóvenes.
• Promueva la transparencia y el seguimiento robusto de los flujos financieros, con indicadores claros y datos desglosados por sexo para evaluar el impacto y el cumplimiento de los compromisos.
• Priorice la financiación a organizaciones feministas y de jóvenes, actores clave en la provisión de servicios, la incidencia y el seguimiento.
• Proteja los derechos frente a retrocesos ideológicos y políticos, garantizando marcos normativos avanzados y financiación sin condicionalidades discriminatorias.

¿Cuál es el papel de las y los parlamentarios?

En la conferencia de Sevilla van a participar, en diversos eventos paralelos, parlamentarias/os de diversos países, entre ellos una delegación europea liderada por el Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos, que junto con otras organizaciones está llamando a las parlamentarias y parlamentarios a:

• Impulsar el diálogo político, necesario para alcanzar acuerdos que permitan avanzar en la financiación para el desarrollo sostenible y la consecución de los ODS.
• Asegurar la representación democrática, garantizando que las decisiones y compromisos asumidos en la conferencia cuenten con legitimidad democrática y reflejen la voluntad de la ciudadanía a la que representan.
• Movilizar recursos, aprobar presupuestos y supervisar la asignación de recursos, lo que es esencial para implementar los acuerdos internacionales y asegurar la financiación adecuada a las políticas de desarrollo.
• Supervisar la rendición de cuentas y hacer seguimiento sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de financiación al desarrollo.
• Fomentar la cooperación internacional.

 

En este escenario, preocupa especialmente la reducción de los presupuestos de cooperación internacional por parte de algunos gobiernos europeos, que está comprometiendo seriamente la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos a nivel global. Tal como alerta Countdown 2030 Europe en su última publicación, el recorte de estos fondos no solo pone en riesgo los avances logrados en las últimas décadas, sino que amenaza con agravar las desigualdades existentes y dejar sin acceso a servicios esenciales a millones de mujeres, adolescentes y personas con identidades de género diversas. La financiación de la SDSR no puede considerarse un gasto prescindible, sino una inversión estratégica, ética y urgente para el desarrollo sostenible.

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