La Comisión sobre el Estado de la Mujer de la ONU está evaluando la implementación de la Declaración de Beijing de 1995. Aunque se reafirma el compromiso con la igualdad, persisten las amenazas contra los derechos de las mujeres, especialmente en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.

Este año se conmemora el 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, y que fue un hito histórico para la igualdad de género y los derechos de las mujeres. En ella se aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 naciones y considerada, aún hoy, como el acuerdo internacional más avanzado y ambicioso en esta materia. Este documento establece objetivos estratégicos y medidas en doce ámbitos clave y reconoce, entre los derechos humanos de la mujer, «su derecho a tener control y decidir de forma libre y responsable sobre cuestiones relacionadas con su sexualidad», al tiempo que afirma que «las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres en materia de relaciones sexuales y reproducción (…) exigen el respeto mutuo, el consentimiento y la responsabilidad compartida (…).»

Coincidiendo con ese aniversario, entre el 10 y el 21 de marzo de 2025 se celebra en la Sede de Naciones Unidas en Nueva York el 69º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69), el principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y a los derechos y el empoderamiento de las mujeres, y que fue creado en 1946 mediante una resolución del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, del que depende funcionalmente. Este 69º período de sesiones de la CSW se centra precisamente en la evaluación de los avances y retos pendientes en la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y en el análisis de las cuestiones emergentes que afectan a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Como sucede cada cinco años, la CSW69 adopta en este periodo de sesiones dos documentos: una declaración política sobre la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y un programa de trabajo plurianual que determinará los temas de las próximas cuatro sesiones de la CSW. Sobre la base de este programa de trabajo plurianual, los Estados miembros adoptarán conclusiones acordadas en los próximos períodos de sesiones de la CSW sobre un tema anual centrado en una prioridad específica. En dichas conclusiones se expondrán sus posiciones y recomendaciones comunes sobre el tema anual y, más ampliamente, sobre cuestiones de igualdad de género, con el objetivo de alentar a los gobiernos, los organismos intergubernamentales, la sociedad civil y otras partes interesadas a adoptar medidas para promover y defender los derechos de las mujeres.

La declaración política no hace referencia a la salud y los derechos sexuales y reproductivos

En su sesión inaugural, la CSW69 ha aprobado una declaración política en la que los Estados miembros reafirman su compromiso con la “aplicación plena, efectiva y acelerada” de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, para lo cual, señalan, es necesario acelerar la eliminación de las desigualdades de género; promover la participación plena y efectiva de las mujeres en todos los ámbitos; garantizar la igualdad de oportunidades en el liderazgo a todos los niveles de la toma de decisiones; erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas; fortalecer los mecanismos institucionales para el avance de la mujer, y asegurar recursos adecuados para la implementación de políticas de igualdad de género. Esta Declaración Política, sin embargo, no hace referencia a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, lo que representa una oportunidad perdida en un momento en el que los ataques a los derechos de las mujeres se dirigen especialmente contra su autonomía corporal.

Pese a los avances logrados en estos 30 años, el progreso en la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing no solo sigue siendo demasiado lento, sino que el auge mundial de movimientos políticos reaccionarios amenaza, además, con socavar los logros alcanzados. Destacando precisamente que “los derechos reproductivos están siendo atacados”, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha declarado en la sesión inaugural de la CSW69 que “los derechos de la mujer están en peligro. El veneno del patriarcado ha vuelto, y lo ha hecho con fuerza: frena la acción, destroza el progreso y muta en formas nuevas y peligrosas. Pero hay un antídoto. Ahora es el momento de que el mundo acelere el progreso y cumpla la promesa de Beijing.”

Junto a los gobiernos y la sociedad civil, las parlamentarias y los parlamentarios desempeñan un papel fundamental en la implementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. La declaración política y el programa de trabajo plurianual resultantes de la CSW69 ofrecen un marco normativo y estándares globales que contribuyen a la definición de propuestas legislativas en este sentido. También representan compromisos internacionales asumidos por los Estados miembros sobre los que el poder legislativo tiene un rol de fiscalización. La propia CSW constituye, asimismo, un espacio para la articulación y el trabajo interparlamentario en red. En el marco de este 69º período de sesiones, la Unión Interparlamentaria ha organizado, de hecho, un evento paralelo titulado ‘Parlamentos y Beijing +30: Resistiendo las críticas y cambiando paradigmas hacia la igualdad de género’ que ha brindado una oportunidad para que las parlamentarias y los parlamentarios de todo el mundo se movilicen contra los ataques a los derechos de las mujeres y reaviven su compromiso con el impulso de políticas y planes de acción para lograr la igualdad de género.

Desde la sociedad civil también se ha expresado una profunda preocupación por la exclusión de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la declaración política de la CSW69. Tal como señala Countdown 2030 Europe en su análisis, esta omisión no solo debilita los compromisos internacionales previamente asumidos, sino que supone un retroceso frente a la ofensiva global contra los derechos de las mujeres. Ignorar estos derechos en los marcos normativos internacionales es abrir la puerta a que se erosionen a nivel nacional. Es urgente que los parlamentos y gobiernos europeos lideren una respuesta firme y comprometida, garantizando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos permanezcan en el centro de las agendas de igualdad.

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